Bogotá D.C. — La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad no es económica, sino existencial: ¿está usted dispuesto a beber un vaso de petróleo en lugar de agua para calmar su sed? Esta cuestión, que parece sacada de un escenario apocalíptico, es la realidad que enfrentan los páramos colombianos ante la sombra constante de técnicas extractivas como el fracking.

Un ecosistema al filo del abismo Los páramos, fábricas naturales de agua que abastecen a la mayoría de la población colombiana, son ecosistemas de una fragilidad extrema. La vida allí se mide en tiempos geológicos: un frailejón, guardián silencioso de las cumbres, puede tardar décadas en alcanzar su madurez, pero puede ser reducido a cenizas o destruido en una sola jornada de intervención humana.

La implementación de proyectos extractivos en estas zonas no solo fractura el subsuelo de manera impredecible, sino que fragmenta hábitats vitales. Especies como el oso andino, que ya enfrenta la pérdida de su territorio, verían sus corredores biológicos convertidos en zonas de sacrificio industrial. El daño es irreversible: una vez que el agua se contamina o el ecosistema se desestabiliza, no existe tecnología capaz de devolverle al páramo su capacidad original de filtrar la vida.

La deuda del Congreso: ¿Interés público o politiquería? A pesar de la existencia de marcos legales como la Ley 1930 de 2018, la presión por la explotación de yacimientos no convencionales sigue siendo una constante en los pasillos del poder. Mientras el país discute transiciones energéticas, en el Congreso se hace urgente una postura clara, tajante y, sobre todo, libre de intereses politiqueros.

La protección de lagos, lagunas, bosques y ríos no puede ser moneda de cambio en las negociaciones legislativas. Legislar bajo la sombra de la urgencia económica ha sido, históricamente, la excusa perfecta para permitir que el interés particular se sobreponga al bienestar de millones. La omisión legislativa o los «vacíos legales» que permiten la incursión de multinacionales en zonas de reserva no son errores de redacción; son, en muchos casos, decisiones políticas deliberadas que hipotecan el futuro hídrico del país.

Un llamado a la conciencia La defensa de los páramos es la última línea de defensa de nuestra soberanía nacional. Permitir que la voracidad extractivista toque estos santuarios es renunciar a la seguridad hídrica de las próximas generaciones. La política no debe servir para administrar el despojo, sino para garantizar la permanencia de la vida.

Es hora de que la ciudadanía exija un Congreso que legisle no para las próximas elecciones, sino para los próximos siglos. Porque, al final del día, cuando el último manantial se seque y el frailejón haya desaparecido, no habrá presupuesto ni renta petrolera que pueda comprarnos una sola gota de agua limpia para saciar nuestra sed. La protección de nuestros ecosistemas estratégicos no es una opción ideológica; es la única condición posible para nuestra supervivencia.