La primera medida consiste en instruir al contralor designado para Nueva EPS a realizar un exhaustivo seguimiento de las solicitudes de giro de recursos destinados a la red de prestadores de servicios de salud. Esta supervisión busca garantizar la legalidad, oportunidad y correcta asignación de los fondos.

La segunda medida implica un seguimiento presencial y continuo al cumplimiento del plan de trabajo establecido por la Supersalud para Nueva EPS, llevado a cabo por el equipo técnico de la delegatura de aseguramiento. Se exige a la EPS la documentación y disponibilidad de toda la información necesaria para la validación del uso de los recursos del SGSSS.

La Supersalud enfatiza la necesidad de un concepto técnico que avale la viabilidad de cada giro de recursos, basado en criterios de legalidad, oportunidad y destinación. Se recalca la importancia de un registro documentado del análisis y las recomendaciones correspondientes.

Esta vigilancia especial persigue la verificación en tiempo real del cumplimiento efectivo de las acciones definidas en el plan de trabajo aprobado. La Supersalud advierte a Nueva EPS, así como a los prestadores y proveedores de servicios de salud, que se ejercerá una estricta supervisión del cumplimiento del régimen y las condiciones impuestas para el giro de recursos del SGSSS, con el fin de prevenir prácticas no autorizadas.

El superintendente Giovanny Rubiano García destaca que, al ser la EPS intervenida y su agente interventor sujetos de vigilancia, se mantendrá una supervisión exhaustiva para asegurar que todos los actores involucrados cumplan con sus obligaciones para con los usuarios afiliados.

En una comunicación dirigida a los usuarios del sistema de salud en Medellín, el superintendente recalca la necesidad de soluciones estructurales a la problemática, debido a sus causas sistémicas. Se requiere, según él, un fortalecimiento de la atención primaria resolutiva y un mayor control y seguimiento a los recursos del sistema.

Finalmente, se reitera que las barreras en la atención médica ponen en riesgo la vida de los pacientes. Se enfatiza la responsabilidad de los gestores y demás actores del sistema en evitar demoras, negación de servicios, entrega incompleta o inoportuna de medicamentos, y cualquier obstáculo que comprometa el derecho a la salud de los ciudadanos.

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