El 23 de enero de 1980 marcó un antes y un después en la historia de los derechos civiles en Colombia. A través del Decreto 100 de ese año, el país eliminó la criminalización de las relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo, dando un paso importante hacia el reconocimiento y la dignidad de las personas LGBTI.

Este decreto, que reformó el Código Penal colombiano, retiró los artículos que consideraban la homosexualidad como un delito, rompiendo con décadas de estigmatización legal que afectaron profundamente la vida de miles de personas. Hasta ese momento, las relaciones entre personas del mismo sexo podían ser objeto de persecución, arrestos arbitrarios y sanciones legales, amparadas por un marco jurídico que reflejaba prejuicios y discriminación.

La eliminación de estas normas no solo tuvo implicaciones legales, sino también simbólicas. Representó el inicio de un lento pero firme camino hacia la igualdad, en un contexto donde la sociedad colombiana apenas comenzaba a debatir abiertamente sobre la orientación sexual, la identidad de género y los derechos humanos de las personas LGBTI.

Aunque esta reforma legal no significó el fin inmediato de la discriminación, sí sentó las bases para luchas posteriores por el reconocimiento de derechos, como la unión marital, la adopción, el cambio de nombre y género en documentos oficiales, y la protección frente a crímenes de odio.

Hoy, más de cuatro décadas después, el Decreto 100 de 1980 sigue siendo recordado como un punto de inflexión en la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Es también una fecha clave para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la garantía plena de los derechos de las personas diversas en Colombia.