La preocupación estadounidense surge a raíz de informes que señalan posibles conexiones, reforzando la histórica cooperación en seguridad entre ambos países. Un portavoz del Departamento de Estado enfatizó la necesidad de una profunda indagación por parte de la Fiscalía y otras instituciones colombianas.

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Las revelaciones más recientes, divulgadas por Noticias Caracol, apuntan a un presunto vínculo de las disidencias de alias Calarcá con el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y militares cercanos al gobierno Petro. Archivos incautados en julio de 2024 a la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de Calarcá, incluyen comunicaciones que detallan supuestos contactos con el general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, funcionario de la DNI.

Entre los documentos se hallan correos electrónicos, fechados en febrero de 2024, donde alias Calarcá daría instrucciones para reunirse con el general Huertas con fines de «negocios». Se sugiere que el general retirado habría propuesto protección a los disidentes y la creación de una empresa de seguridad fachada para facilitar su movilidad y el porte de armas legales.

Además, el informe revela conversaciones entre la vicepresidenta Francia Márquez y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), en las que se menciona un supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial de Petro en 2022. La vicepresidenta ha rechazado «categóricamente» estas acusaciones, calificándolas de «malintencionadas» y afirmando la «genuina y transparente» naturaleza de su campaña.

Por su parte, el presidente Petro ha minimizado las denuncias, atribuyéndolas a la CIA y calificándolas de «falsos informes». El mandatario defendió al general Huertas, reintegrado al servicio activo por su administración en 2022 tras haber sido retirado del Ejército en 2021, sugiriendo la existencia de «bandas delincuenciales» dentro del Ejército que manipulan informes.

Ante la controversia, la Fiscalía General, que ha sido cuestionada por la demora en la investigación a pesar de tener la información desde julio de 2024, ha prometido actuar. En un comunicado, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso la «intervención inmediata» para investigar la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional y financiación de la campaña presidencial, entre otros puntos.

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Ante este doloroso panorama, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció de manera contundente a través de su cuenta de X, expresando su profunda tristeza y solidaridad inquebrantable con las familias afectadas. Márquez fue enfática al rechazar enérgicamente el reclutamiento forzado de menores, una práctica deplorable que sigue cobrando vidas inocentes en el país.

En sus declaraciones, la vicepresidenta calificó estos actos como “crímenes inaceptables que claman justicia”. Subrayó cómo los grupos ilegales manipulan y engañan a niños y jóvenes con falsas promesas, arrastrándolos a un conflicto que destruye su futuro. En un llamado vehemente a la conciencia colectiva, instó a la sociedad colombiana a unirse en un rotundo “no más” a la violencia que desgarra la infancia.

Más allá de la condena, la vicepresidenta Márquez hizo un llamado directo al Estado, urgiéndolo a redoblar los esfuerzos para proteger a los menores y garantizar que la justicia prevalezca. Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente escrutinio y debate público, donde el Gobierno Petro enfrenta críticas debido a que situaciones similares en el pasado fueron duramente cuestionadas por sus actuales integrantes cuando ejercían como oposición. La complejidad de la situación exige una respuesta integral y un compromiso férreo con la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Colombia.

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Sin embargo, lo que se perfilaba como un respaldo firme al gobierno, rápidamente se convirtió en un epicentro de controversia. Lejos de generar un amplio consenso, las palabras de la vicepresidenta avivaron la polarización, y para muchos observadores, terminaron por evidenciar aún más las profundas contradicciones que, según críticos, persisten entre el discurso oficial y la cruda realidad que vive el país. Una realidad marcada por el inquietante aumento de la violencia y la consolidación del control territorial por parte de grupos armados ilegales.

La repercusión en las plataformas digitales no se hizo esperar, y el escepticismo dominó el panorama. Mientras una minoría valoró la aparente firmeza de su postura, la mayoría de los comentarios y análisis en redes sociales señalaron una percibida desconexión con la urgencia y gravedad de la crisis actual. Este contraste entre la narrativa gubernamental y la experiencia cotidiana de miles de colombianos, quienes enfrentan desafíos de seguridad y orden público, quedó palmariamente expuesto, profundizando el debate sobre la efectividad de las políticas implementadas y la percepción pública del gobierno.

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