La polémica surge de la decisión de la capital de restringir la circulación los sábados para aquellos vehículos que no tienen matrícula bogotana, una disposición que los mandatarios cundinamarqueses consideran unilateral y perjudicial para la integración regional.

Uno de los primeros en alzar su voz fue Leonardo Donoso, alcalde de Chía, quien interpeló directamente a su homólogo capitalino, solicitándole «coherencia» en sus decisiones. Donoso no dudó en plantear una situación hipotética con un tono de advertencia sobre las posibles repercusiones:

“No quiero imaginarme si todos los alcaldes de Cundinamarca tomáramos la decisión de no permitir el tránsito de vehículos matriculados en Bogotá por el departamento… alcalde Galán, debemos unir y no dividir”

Esta declaración subraya el temor a que la medida genere una escalada de respuestas similares, fragmentando aún más la ya compleja movilidad regional y el tejido social entre la capital y sus municipios satélite.

Por su parte, Luis Carlos Casas, alcalde de Facatativá, puso el foco en el impacto económico, advirtiendo sobre un desequilibrio fiscal que podría afectar gravemente las secretarías de tránsito municipales. Casas refutó la narrativa de que Bogotá pierde un billón de pesos, explicando cómo esos recursos se distribuyen y son esenciales para el desarrollo local:

“Ese billón de pesos que se dice que no recibe la capital están distribuidos en todos los entes territoriales, pues es aquí donde la mayor cantidad de tiempo los vehículos transitan y además residen. Por eso, los recursos que llegan a nuestros municipios se utilizan también para mejorar la movilidad de nuestros territorios”

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Las palabras de Casas resaltan que las matrículas y los impuestos asociados a los vehículos no bogotanos son una fuente vital de ingresos para sus municipios, fondos que son reinvertidos directamente en la infraestructura y la gestión de la movilidad de sus habitantes, muchos de los cuales trabajan o tienen vínculos frecuentes con Bogotá.

La tensión entre la capital y Cundinamarca por esta nueva regulación del pico y placa pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más amplio y soluciones concertadas que beneficien a toda la región, evitando medidas que, según los alcaldes, solo profundizan las divisiones en lugar de promover una movilidad y desarrollo armónicos.

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