Bogotá D.C. — En las últimas semanas, la labor del teniente coronel Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, se ha visto empañada por una serie de ataques y cuestionamientos que, lejos de ser incidentes aislados, exponen una fractura profunda en nuestra cultura ciudadana. La hostilidad dirigida hacia la autoridad en la localidad no es solo un reto de seguridad, es el síntoma de una sociedad que, en gran medida, ha decidido ignorar el marco legal que sostiene su propia convivencia.

El mito de la impunidad consentida Gran parte de la ciudadanía parece haber caído en un peligroso error de interpretación: el creer que la Policía debe ser flexible con la norma en aras de una supuesta «paz social». Esta expectativa, profundamente errada, parte del desconocimiento absoluto de la Ley 1801 de 2016 (el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Cuando el coronel Chauta o sus hombres actúan para restablecer el orden —ya sea frenando una riña, interviniendo ocupaciones indebidas o controlando comportamientos contrarios a la convivencia—, la respuesta de una parte de la comunidad es el ataque y la deslegitimación. Existe una noción distorsionada de que, por vivir en un territorio, los ciudadanos tienen el derecho de dictar sus propias reglas, exigiendo que la fuerza pública sea cómplice de la violación de la ley.

La ley no es un menú a la carta El problema de fondo es estructural. La Ley 1801 no fue creada para «molestar» al ciudadano, sino para garantizar que el ejercicio de las libertades de uno no atropelle los derechos del otro. Sin embargo, en barrios donde el sentido de autoridad se ha diluido, cualquier intento de aplicación de la norma es visto como un abuso de poder.

Es alarmante observar cómo el desconocimiento de este código se usa como bandera para increpar a los uniformados. La pregunta que surge es: ¿en qué momento normalizamos que la ley es opcional? La respuesta parece estar en la falta de pedagogía y en un entorno donde el respeto por el uniforme ha sido reemplazado por la agresividad como mecanismo de defensa ante cualquier llamado de atención.

Un llamado a la autocrítica comunitaria El teniente coronel Chauta representa el mando institucional, pero los ataques contra su gestión son, en realidad, ataques contra el Estado de Derecho. Si como comunidad no entendemos que el respeto por la norma es el único camino para la paz en Bosa, seguiremos atrapados en un círculo vicioso de violencia y caos.

La autoridad, por definición, debe ser firme. No se puede pedir seguridad exigiendo, al mismo tiempo, que el uniformado sea permisivo con el delito o el desorden. Es urgente que la ciudadanía en Bosa se tome el tiempo de conocer sus deberes y derechos bajo la Ley 1801, en lugar de reclamar una «libertad» que, en la práctica, es simplemente el derecho a desobedecer sin consecuencias.

La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía. Es una construcción colectiva que empieza con el respeto básico a la ley. Mientras el desconocimiento siga siendo la norma, cualquier esfuerzo por mejorar la seguridad será como intentar vaciar el mar con una cuchara.