• En la ciudad de Nueva York, Colombia presentó una iniciativa pionera para la unificación de las agendas climáticas y de biodiversidad, con miras a la COP30 sobre Cambio Climático en Belém do Pará (Brasil). El objetivo principal es establecer un marco integral que integre la protección de la biodiversidad en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales.
• Colombia lidera este importante impulso desde su rol como presidencia de la COP16 de Biodiversidad, responsabilidad que ostentará hasta la COP17, a celebrarse en Armenia en 2026.

En el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima, Colombia organizó la reunión ministerial ‘Hacia un futuro resiliente: sinergias entre el clima y la naturaleza de cara a la COP30’. En este encuentro, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, presentó la propuesta insignia del país: la integración de la biodiversidad en la agenda climática mundial.

Durante el evento, que congregó a ministros, altos funcionarios y colaboradores internacionales con el propósito de promover esta iniciativa antes de la COP30 sobre Cambio Climático, la ministra Irene Vélez Torres transmitió un mensaje claro y contundente: “Reconozcamos la verdad: la separación entre la crisis climática y la crisis de biodiversidad es artificial. Esta división solo favorece a la industria de los combustibles fósiles y alimenta un capitalismo verde engañoso. En realidad, se trata de una sola y misma crisis.”

En su alocución, Vélez Torres alertó sobre los riesgos que la degradación de los ecosistemas representa para la estabilidad económica y social global. “La mitad del Producto Interno Bruto mundial depende de ecosistemas prósperos. Sin bosques, ríos y suelos fértiles no hay estabilidad económica, seguridad alimentaria ni un futuro sostenible”, afirmó.

¿Cuál es la propuesta?

Colombia aboga por la inclusión de un nuevo punto en la agenda de la COP30. Este punto establecería un marco de referencia para integrar las sinergias entre cambio climático, biodiversidad y financiación de la gestión de suelos en las acciones para alcanzar los objetivos climáticos globales.

La primera fase de la propuesta colombiana consiste en el establecimiento, durante la COP30, de un Grupo de Expertos que formule recomendaciones sobre cómo integrar la biodiversidad en las decisiones globales de implementación de la acción climática.

Como complemento, Colombia promoverá una mayor coordinación entre las secretarías de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), con el fin de enriquecer estas recomendaciones.

“Necesitamos un mandato político inequívoco que traduzca la evidencia científica en decisiones multilaterales vinculantes. La integración de las agendas climáticas, de biodiversidad y de gestión territorial ya no es una opción, es una necesidad imperiosa”, enfatizó la ministra.

Amazonía, guardianes de la naturaleza y financiación equitativa

Vélez Torres también recalcó la importancia de situar la Amazonía en el centro de esta agenda y la necesidad de que los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y las poblaciones locales sean los actores principales en la financiación, la gobernanza y la toma de decisiones. “Los pueblos custodios de los ecosistemas no son actores secundarios. Son los artífices de las soluciones y su voz debe guiar la acción global”, destacó.

Además, subrayó la urgencia de transformar los sistemas financieros internacionales: “Basta de promesas incumplidas. Los países del sur global no pueden seguir asfixiados por las deudas mientras enfrentan la crisis climática. Necesitamos recursos adecuados y acceso directo para las comunidades locales, con enfoques que consideren la perspectiva de género y la equidad intergeneracional.”

La ministra afirmó que las acciones para proteger el clima y la biodiversidad fracasarán mientras persista el uso de combustibles fósiles, e hizo hincapié en la necesidad de un abandono inmediato de estos combustibles, con transiciones justas para todas las partes.

La propuesta de Colombia se basa en evidencia científica. Tanto el IPCC como el IPBES han advertido que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son crisis interconectadas. En 2021, incluso publicaron un informe conjunto que concluye que la humanidad no podrá resolver la crisis climática sin abordar simultáneamente la pérdida de biodiversidad.

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Según las declaraciones del presidente Petro, la ocupación peruana se extiende sobre una zona específica de la Amazonía colombiana, aunque no se ha precisado con exactitud la ubicación geográfica de dicha área. El mandatario colombiano ha afirmado que esta situación constituye una infracción grave del tratado bilateral y ha exigido a las autoridades peruanas la inmediata devolución del territorio que considera como propio. Su declaración ha estado acompañada de un tono firme, pero sin especificar las acciones concretas que Colombia tomará para hacer valer su reclamo.

La respuesta del gobierno peruano no se hizo esperar. La Cancillería peruana, a través de un comunicado oficial, ha rechazado categóricamente las acusaciones del presidente Petro, calificándolas de infundadas e inconsistentes con la documentación histórica y los acuerdos internacionales previamente establecidos. El comunicado enfatiza que la posición peruana se basa en un sólido marco jurídico y en la interpretación rigurosa del Protocolo de Río de Janeiro, asegurando que no existe ninguna ocupación ilegal de territorio colombiano.

La controversia ha generado un intenso debate entre expertos en derecho internacional y geopolítica. Algunos analistas señalan que la imprecisión en las declaraciones del presidente Petro dificulta la comprensión del alcance de la supuesta ocupación y la verificación de sus afirmaciones. Otros, en cambio, resaltan la importancia de revisar exhaustivamente la demarcación fronteriza en la Amazonía, una región de difícil acceso y con una cartografía histórica compleja, donde las delimitaciones pueden ser ambiguas.

El conflicto entre Colombia y Perú no es nuevo. A lo largo de la historia, ambos países han experimentado disputas territoriales, aunque la mayoría han sido resueltas a través de la diplomacia y el diálogo. Sin embargo, la declaración del presidente Petro ha abierto una nueva etapa en la relación bilateral, generando incertidumbre sobre las posibles consecuencias de esta acusación y la necesidad de una clarificación urgente de la situación.

Para comprender el origen del conflicto, es necesario remontarse al Protocolo de Río de Janeiro de 1909. Este tratado, firmado tras un largo proceso de negociaciones, estableció las fronteras entre Colombia y Perú, pero su interpretación en ciertas zonas, especialmente en la región amazónica, ha sido motivo de debate a lo largo de los años. La complejidad geográfica de la Amazonía, con sus ríos sinuosos y su densa vegetación, ha dificultado la delimitación precisa de la frontera, creando potenciales zonas de ambigüedad que pueden ser aprovechadas para generar disputas territoriales.

En las próximas semanas, se espera que ambos gobiernos emprendan gestiones diplomáticas para abordar la controversia. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta situación, esperando que se privilegie el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica que respete los acuerdos internacionales y evite una escalada de la tensión entre dos países vecinos importantes en la región.

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