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El clamor de los pacientes El ambiente a las afueras del establecimiento era de tensión y frustración. Mientras el funcionario de la Supersalud recorría las instalaciones para verificar los inventarios y los tiempos de atención, los usuarios no dudaron en exponer sus casos ante el delegado, relatando cómo sus tratamientos se ven interrumpidos por la falta de insumos básicos.

Uno de los puntos que mayor indignación generó fue la dificultad para acceder a elementos fundamentales como inhaladores. Según los testimonios recogidos en el lugar, los pacientes han recibido respuestas reiteradas por parte del personal administrativo señalando que el despacho es imposible “porque falta un código” en el sistema, una excusa que, para los usuarios, se ha vuelto una constante que pone en riesgo su salud.

¿Qué busca la intervención? La presencia del delegado de la Supersalud tiene como objetivo principal auditar los procesos de despacho de la entidad y exigir respuestas claras sobre el desabastecimiento. La superintendencia busca determinar si los retrasos obedecen a fallas administrativas internas, problemas con los proveedores o deficiencias en la gestión de la red de suministro.

Este operativo responde a las directrices de mayor vigilancia en las regiones, donde los pacientes han manifestado sentirse desprotegidos ante la incapacidad de las gestoras farmacéuticas para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

¿Qué sigue? Tras la inspección, se espera que la Supersalud emita un informe técnico sobre los hallazgos en la sede de Santa Marta. De encontrarse irregularidades graves, Cruz Verde podría enfrentar requerimientos sancionatorios o la exigencia de un plan de mejoramiento inmediato que garantice la entrega efectiva de las fórmulas pendientes.

Por ahora, los usuarios permanecen a la expectativa, esperando que la intervención estatal no se quede solo en el papel y se traduzca, finalmente, en el acceso oportuno a los medicamentos que sus familias requieren con urgencia.

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La diplomacia de un país suele ser el reflejo de sus valores internos. Por eso, resulta profundamente indignante que Gustavo Petro sea el único presidente de América Latina en salir a defender públicamente a Evo Morales. No estamos hablando de una discrepancia política ordinaria ni de un debate sobre modelos económicos; estamos hablando de un respaldo explícito a un hombre con una orden de captura vigente por trata agravada de personas y la violación de una niña de 15 años durante su mandato, quien además quedó embarazada.

La Fiscalía boliviana ya acumula más de 170 pruebas en su contra, pero el juicio sigue suspendido porque el acusado simplemente se negó a comparecer. En su lugar, Morales prefirió atrincherarse en la región del Chapare —su fortín político y sindical— para evadir la justicia. Para blindar esa huida, sus seguidores han recurrido al chantaje social de los bloqueos viales, los cuales ya superan las dos semanas y desatan una crisis humanitaria que priva a la población de alimentos, medicamentos y combustible; una puesta en escena violenta que trágicamente ya ha cobrado vidas.

El impacto de este respaldo va mucho más allá de la indignación moral; toca directamente la fibra de la estabilidad democrática en el continente. Cuando un mandatario extranjero alienta las vías de hecho, los desmanes y el colapso de los servicios esenciales de otra nación, envía un mensaje peligroso: que la afinidad ideológica está por encima de las leyes y que el caos en las calles es un método válido para extorsionar a las instituciones legítimas. El presidente Rodrigo Paz, con menos de seis meses en el poder, enfrenta una embestida violenta cuyo único y evidente objetivo es garantizarle impunidad a un violador.

Esta actitud evidencia el doble rasero de la izquierda radical. El presidente Petro y sus seguidores se llenan la boca con discursos sobre derechos humanos, banderas feministas y la protección a la infancia; pero, como lo han demostrado desde el primer día, esa supuesta empatía no es más que un libreto vacío de campaña. Nunca ha existido un compromiso real con estos temas; por el contrario, cuando el acusado de un delito aberrante pertenece a sus propias filas, la indignación se convierte en complicidad y defensa a ultranza.

Mientras naciones de diversos espectros políticos —como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos— coincidieron en condenar de forma unánime unos bloqueos que asfixian a la población, Gustavo Petro prefirió alinearse con la infamia. Optó por el blindaje discursivo a Morales, un gesto que el propio exmandatario boliviano no tardó en agradecer públicamente.

Esta absoluta irresponsabilidad ya provocó una vergonzosa e histórica crisis diplomática. Tras las declaraciones de Petro justificando el caos como una supuesta “insurrección popular”, el gobierno boliviano expulsó con total justificación a la embajadora de Colombia en La Paz por una injerencia intolerable en su soberanía. Lejos de asumir una postura de prudencia y respeto, el gobierno de Petro prefirió atizar el fuego respondiendo con la expulsión del embajador boliviano en Bogotá. Un choque absurdo detonado únicamente por el capricho presidencial de lavarle la cara a un aliado político.

¿En dónde carajos quedan entonces las banderas del feminismo gubernamental y la protección a la infancia cuando el acusado es un aliado ideológico? La respuesta es clara: para este gobierno la vida de las niñas es negociable si el victimario comparte su misma orilla.

A Bolivia le reiteramos: el presidente habla por sí mismo, arrastrado por su obsesión ideológica y sus propios intereses, pero jamás por el corazón de los colombianos, que nunca dejaremos de luchar por los niños.

¡Finjan sorpresa!

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La confirmación de una alianza oscura Ante el magistrado Alejandro Salazar, Montoya confirmó lo que por años fue objeto de denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos: la participación activa de paramilitares en la operación militar. Según el exoficial, el operativo contó con el respaldo del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, bajo el mando del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.

La declaración de Montoya no deja lugar a dudas sobre la política de articulación que, según sus palabras, el Ejército mantenía en diversas zonas del país durante el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta confesión golpea directamente la narrativa de la ‘Seguridad Democrática’, al confirmar que la fuerza pública no operaba de manera independiente, sino en coordinada colaboración con grupos al margen de la ley.

Los encapuchados: El punto de quiebre Uno de los momentos más reveladores de la diligencia fue la exposición de pruebas gráficas. Gracias al archivo fotoperiodístico de Jesús Abad Colorado, quedó en evidencia la presencia de hombres encapuchados y vestidos con prendas de camuflaje participando en la toma de la Comuna 13.

Al respecto, Montoya fue tajante: “Si están encapuchados no son soldados”. El excomandante aclaró que estos sujetos solían actuar como «guías» o informantes, personas reclutadas por la propia fuerza pública para labores de inteligencia y misiones específicas, lo que explica la estrecha interacción entre el Ejército y las estructuras paramilitares en el terreno.

Implicaciones para el país La Operación Orión, recordada como una de las intervenciones urbanas más cruentas del conflicto, dejó un saldo trágico de decenas de personas desaparecidas y muertes selectivas. La comparecencia de Montoya ante la JEP es un paso fundamental para que las víctimas obtengan la verdad que les fue negada durante más de dos décadas.

Este testimonio no solo desmantela la versión oficial de la época sobre la autonomía de las fuerzas militares, sino que pone de presente la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos durante el despliegue de la estrategia de seguridad del gobierno de entonces. La JEP continúa con el proceso, buscando esclarecer la responsabilidad de los altos mandos militares y políticos en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Medellín.

1. El fin de la negación: Una verdad histórica

Por más de 20 años, la versión oficial sobre la Operación Orión fue que se trató de una «limpieza» de grupos insurgentes realizada exclusivamente por la fuerza pública. La admisión de Montoya sobre la articulación con paramilitares (el Bloque Cacique Nutibara) valida el relato de las víctimas que durante años fueron tildadas de «mentirosas» o «auxiliadoras de la guerrilla» por señalar lo que ocurría en sus barrios.

La verdad es el primer paso de la reparación simbólica. Escuchar a un excomandante de tan alto rango reconocer la alianza con estructuras paramilitares permite que las víctimas comiencen a cerrar un duelo interrumpido por el estigma.

2. Implicaciones en la «Reparación Integral»

En el marco de la JEP, la reparación no se limita a indemnizaciones económicas, sino que debe ser integral. La declaración de Montoya permite:

• Identificación de los desaparecidos: Al confirmar la presencia de los paramilitares como «guías» y actores armados en el operativo, se abren nuevas rutas de investigación sobre el paradero de quienes fueron llevados a «La Escombrera» o lugares clandestinos de inhumación.
• Esclarecimiento de la cadena de mando: Las víctimas ahora tienen elementos para demostrar ante los jueces que las violaciones a los DD.HH. no fueron «casos aislados» o «errores de soldados», sino una estrategia concertada desde los altos mandos militares.
• Modificación de los procesos judiciales: Esta confesión debilita las defensas de otros implicados, facilitando el avance de procesos que habían estado estancados por la falta de voluntad política de las instituciones de la época.

3. La responsabilidad política detrás de la militar

El impacto trasciende lo penal. Al desmentir la supuesta independencia de la Fuerza Pública en esa época, la declaración de Montoya deja en entredicho la legalidad de los cimientos de la «Seguridad Democrática». Para las familias, esto es fundamental: la reparación pasa por reconocer que el Estado, en lugar de protegerlos, se alió con sus victimarios.

4. Un desafío para la sociedad colombiana

Este proceso obliga a la sociedad a mirar de frente lo que ocurrió en la Comuna 13. La reparación también implica que el país deje de ver el operativo como un «triunfo militar» y lo reconozca como un crimen contra la humanidad. El hecho de que se mencionen las fotografías de Jesús Abad Colorado como prueba, subraya el valor de la memoria gráfica y el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz.

El camino a seguir

Para que este impacto se traduzca en una reparación real, las organizaciones de víctimas exigen:

1. Diligencias de búsqueda: Que la JEP utilice esta nueva información para ordenar excavaciones y búsquedas técnicas de los desaparecidos.
2. Actos de perdón público: Que no solo sean declaraciones en estrados, sino actos de reconocimiento de responsabilidad que involucren al Estado y a los altos mandos involucrados.
3. Reformas institucionales: Que estas lecciones sirvan para garantizar garantías de no repetición en la relación entre militares y grupos paramilitares.

El proceso ante la JEP es largo, pero para una madre de la Comuna 13, que un general reconozca que «quienes estaban encapuchados no eran soldados», es un paso gigante para empezar a limpiar el nombre de sus seres queridos desaparecidos.

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