Por Ambientarte Radio 
A solo una semana de la segunda vuelta presidencial, el ambiente político en Colombia ha alcanzado niveles de hostilidad que han encendido las alarmas institucionales. La Defensoría del Pueblo presentó un balance preocupante sobre el comportamiento de las candidaturas, señalando que la contienda ha derivado en un escenario marcado por la desinformación y el enfrentamiento verbal.
El llamado de atención del organismo estatal es contundente: «No estamos en una guerra». Esta advertencia surge tras detectarse que ambos bandos en disputa han vulnerado los compromisos éticos fundamentales, particularmente aquellos relacionados con el suministro de datos ciertos a la opinión pública.
Las auditorías recientes han puesto en evidencia que las campañas han priorizado estrategias de desinformación sobre el debate programático. Según la Defensoría, este tipo de prácticas no solo desorientan al electorado, sino que corroen la confianza en las instituciones democráticas en un momento crítico para el país.
El organismo hizo un llamado urgente a los candidatos y sus equipos de trabajo para que retomen el cauce del respeto y la transparencia, recordando que, más allá de la competencia por el poder, el objetivo primordial debe ser garantizar una jornada electoral pacífica y basada en información verificable. La ciudadanía, por su parte, observa con preocupación cómo la polarización parece haber desplazado el debate de ideas, dejando al país en una situación de alta fragilidad institucional a pocos días de elegir al próximo jefe de Estado.
Medidas urgentes: El llamado de la Defensoría para salvar la recta final electoral
Ante el preocupante panorama de polarización y desinformación evidenciado por las auditorías, la Defensoría del Pueblo ha trazado una hoja de ruta clara para las campañas. El objetivo central de estas recomendaciones es salvaguardar la legitimidad de los comicios y garantizar que los ciudadanos puedan votar en un ambiente de serenidad y confianza.
Las recomendaciones específicas emitidas por el organismo estatal se centran en los siguientes ejes de acción:
Pacto de Veracidad y Transparencia: Se exige a los equipos de campaña el cese inmediato de la difusión de datos no verificados. La Defensoría insta a las candidaturas a suscribir un acuerdo donde se comprometan a que toda pieza publicitaria o declaración pública esté respaldada por fuentes oficiales o verificables, evitando así la propagación de noticias falsas que distorsionan la realidad electoral.
Desescalamiento del lenguaje: La institución ha pedido de manera enfática el abandono de términos bélicos y agresivos. El llamado es a tratar la contienda como un ejercicio democrático y no como un conflicto armado, evitando descalificaciones personales que inciten al odio o a la violencia en las calles y redes sociales.
Canales de comunicación directa con autoridades: Para evitar rumores y especulaciones infundadas, la Defensoría ha instado a las campañas a canalizar cualquier duda sobre el proceso electoral a través de los canales institucionales habilitados (Registraduría y Consejo Nacional Electoral), garantizando que las quejas tengan un trámite legal y no mediático.
Respeto por el adversario: Se ha solicitado un ejercicio de madurez política donde los candidatos reconozcan a su contrincante como un actor legítimo en el juego democrático. Esto implica la protección mutua del espacio público y el respeto a la integridad física de los equipos de trabajo de ambos bandos.
Monitoreo y pedagogía: La Defensoría ha anunciado el despliegue de delegados en todo el territorio nacional con el fin de realizar pedagogía electoral y vigilancia constante, advirtiendo que cualquier comportamiento que vulnere los derechos ciudadanos o que fomente la violencia será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.
La Defensoría recuerda que la legitimidad del próximo gobierno depende, en gran medida, de la transparencia con la que se desarrolle esta última semana de campaña. La paz electoral es una responsabilidad compartida que comienza por el lenguaje de quienes aspiran a dirigir el país.