¿Poderosos con pies de barro? La ANT pone bajo la lupa las tierras de Alirio Barrera y el clan Valencia en Casanare
En una jornada que prometía ser un acto administrativo de rutina en Yopal, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, soltó una bomba informativa que ha hecho temblar los cimientos del poder político en el departamento del Casanare. Lo que comenzó como una entrega de títulos a campesinos humildes terminó revelando una red de investigaciones que apunta directamente a figuras de la talla del senador Josué Alirio Barrera y familiares cercanos de la precandidata presidencial Paloma Valencia.
La noticia no es menor: la ANT ha iniciado formalmente procesos administrativos para verificar la legalidad de la tenencia de centenares de hectáreas en la región. No se trata de simples errores de digitación, sino de una revisión profunda sobre cómo grandes extensiones de suelo colombiano terminaron en manos de unos pocos nombres con gran peso político en el país, mientras miles de campesinos aún esperan por un pedazo de tierra para cultivar.
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Los cinco folios de Alirio Barrera: La sombra de la duda sobre el senador
Uno de los puntos más críticos de la intervención de Harman fue la mención directa al exgobernador y actual senador Josué Alirio Barrera. Según el funcionario, existen al menos cinco folios específicos que están bajo una rigurosa lupa técnica y jurídica. La falta de claridad en la documentación que sustenta la propiedad de estas tierras es el eje central de la investigación que busca determinar si estos predios deben retornar al inventario del Estado para ser redistribuidos bajo el marco de la reforma agraria.
Harman no escatimó en críticas hacia el congresista casanareño, señalando una contradicción ética que ha generado un intenso debate en la opinión pública. El director cuestionó cómo es posible que un legislador que se opone fervientemente a las reformas de democratización de la tierra posea propiedades cuya procedencia legal aún genera interrogantes. Esta situación pone al senador en una posición incómoda frente a sus electores y el Gobierno Nacional.
El clan Valencia y la élite terrateniente: Un patrón que se repite en el Llano
Pero el escándalo no termina con Barrera. La Agencia Nacional de Tierras confirmó que la investigación se extiende a predios vinculados con primos de la senadora Paloma Valencia, así como a otros congresistas y figuras de amplia trayectoria política. Este proceso busca desmantelar lo que muchos consideran un sistema de acaparamiento histórico de baldíos que, por ley, deberían haber sido destinados a familias rurales sin tierra.
El director Harman fue enfático al señalar que el compromiso de la actual administración es la justicia social. En este sentido, la revisión de los títulos de grandes terratenientes y figuras de poder no es una persecución política, sino un ejercicio necesario para sanear la propiedad rural en regiones estratégicas como el Casanare, donde la tierra ha sido históricamente un símbolo de estatus y control político.
Seis meses para la verdad: El cronograma que tiene en vilo a los políticos
La incertidumbre sobre el futuro de estas hectáreas no se prolongará indefinidamente. Felipe Harman ratificó que en un plazo máximo de seis meses se conocerán los resultados definitivos de estas investigaciones administrativas. Si se comprueba que hubo irregularidades en la adjudicación o posesión de estos predios, el Estado procederá a su recuperación inmediata, marcando un precedente histórico en la lucha contra la concentración de la tierra en Colombia.
Mientras el reloj corre, el país observa atento este proceso. Este caso promete ser la prueba de fuego para la transparencia de la clase política tradicional que, por décadas, ha ejercido un control casi absoluto sobre el territorio llanero. El Casanare hoy no solo espera títulos para sus campesinos, sino respuestas claras sobre quiénes son los verdaderos dueños de su suelo y bajo qué condiciones obtuvieron ese poder.
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