En un nuevo capítulo relacionado con la defensa de los derechos de los usuarios, una de las principales compañías de telecomunicaciones en Colombia ha sido multada con más de 3.000 millones de pesos. El motivo: prácticas que habrían limitado la libre decisión de los usuarios de cambiar de operador manteniendo su número, lo que se conoce como portabilidad numérica.
Todo gira en torno al denominado “Bono de Fidelización Siempre Conectado”, una estrategia comercial que, lejos de funcionar como un incentivo transparente, fue utilizada para condicionar o desincentivar la portabilidad. En otras palabras, a los usuarios que intentaban cambiarse de operador se les ofrecía este bono como un anzuelo, sin informar de manera clara sus implicaciones o restricciones. La autoridad encargada de velar por la libre competencia y la protección del consumidor determinó que esta práctica afectaba el derecho que tienen todos los usuarios a elegir con libertad su proveedor de servicios móviles. Además, identificó que la oferta del bono se realizaba en un momento crítico del proceso de portabilidad, interfiriendo directamente con una decisión que debe ser completamente autónoma. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la transparencia en las estrategias comerciales de las empresas de telecomunicaciones. También resalta la importancia de garantizar que los mecanismos diseñados para proteger al consumidor no se conviertan en herramientas de retención disfrazadas. Con esta sanción, se busca no solo corregir el actuar de la compañía, sino también enviar un mensaje claro al sector: el respeto por la libre elección del usuario es un principio que no puede ser vulnerado. En un mercado cada vez más competitivo, la confianza y la honestidad con el cliente deben ser pilares fundamentales. Las promociones y beneficios están bien, siempre y cuando no se conviertan en cadenas invisibles que limiten la libertad del usuario.

