Por Ambientarte Radio 
El pasado 24 de septiembre, las autoridades de Bogotá informaron sobre la captura de cinco hombres en la localidad de Engativá, señalados por porte ilegal de armas. Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, un juez ordenó su libertad poco después, lo que generó debate en torno al sistema judicial y la efectividad de los procedimientos policiales.
Uno de los detenidos tenía un historial con más de 30 anotaciones judiciales, lo que aumentó la polémica tras la decisión del juez. Este tipo de casos, además de despertar preocupación en materia de seguridad ciudadana, evidencian el alto costo económico que implican los operativos de captura.
El alto costo de las capturas para la justicia: Cada procedimiento de captura en Colombia puede tener un valor estimado entre 20 y 60 millones de pesos, dependiendo de su complejidad. En casos más elaborados, las cifras pueden superar los 150 millones de pesos, lo que significa una gran inversión en logística, personal y recursos por parte de las autoridades. Cuando los capturados son dejados en libertad sin que avance un proceso judicial sólido, estos costos se convierten en una carga para el sistema de justicia y, en última instancia, para los contribuyentes.
Preocupación por la reincidencia : La liberación de los cinco hombres ha reavivado la discusión sobre la reincidencia en delitos y la necesidad de revisar los mecanismos judiciales. Para muchos ciudadanos, la falta de sanciones efectivas genera un círculo vicioso en el que los delincuentes reinciden, mientras que la inversión en capturas no se traduce en resultados contundentes.
Retos para la justicia y la seguridad
El caso de Engativá pone sobre la mesa la necesidad de:
Fortalecer los procesos judiciales para evitar la impunidad.
Garantizar la coordinación entre las autoridades policiales y judiciales.
Revisar el manejo de antecedentes, especialmente en casos con múltiples anotaciones.
La situación evidencia un desafío urgente: lograr que las capturas y los recursos invertidos tengan un impacto real en la reducción de la delincuencia y en la confianza ciudadana en la justicia.